Militares, justicia y posacuerdo
Esta semana se conocerá en definitiva la suerte del coronel
retirado Alfonso Plazas Vega; ese oficial del ejército que en su labor de
recuperar el palacio de justicia tomado irresponsablemente por la guerrilla del
M-19, pronunció una de las frases más celebres de la historia reciente de
Colombia: “¡Mantener la democracia maestro!”. La Corte Suprema de Justicia debe
resolver si ratifica la condena que mantiene a Plazas Vega tras las rejas o lo
absuelve y pone fin, en última instancia, al proceso que se le sigue por la
desaparición de personas que salieron vivas del palacio y que posteriormente
fueron asesinadas. Dado que se trata de violaciones a los derechos humanos
ejercidas por fuerzas del Estado, el caso Plazas Vega reviste de gran
relevancia nacional. Sin embargo, es el proceso de paz de La Habana el que ha
profundizado la observancia y la expectativa que existe sobre el fallo de la Corte
que pondría punto final a un proceso judicial de más de ocho años.
Si la Corte resuelve ratificar la condena se envía un
mensaje claro y contundente de que la justicia opera, así sea luego de tres
décadas de ocurrido los hechos y los familiares de los desaparecidos obtendrán
la tranquilidad de que el presunto responsable, por línea de mando, pagará una
larga condena de la que probablemente no salga con vida. Por el contrario, si
la Corte, en sala plena, absuelve a Plazas Vega envía el mensaje de que la
justicia operó en todas las instancias y consideró que las pruebas existentes
no son contundentes para mantener una condena de treinta años y que la
desaparición de las víctimas obedeció más bien a un caos generalizado y a un
conjunto de errores militares estratégicos en los que el oficial de marras no
tuvo responsabilidad.
Estas dos formas muy específicas de observar la cuestión
permiten dimensionar la complejidad de la justicia y el alcance que tendrán los
acuerdos que en este sentido se establezcan en La Habana. La politización y la
ideologización del debate sobre la justicia transicional para los militares ha
impedido imaginar formulas alterativas que resuelvan la cuestión y reproducen
formas maniqueas de reaccionar frente las decisiones judiciales. Amparados en
el discurso de la “impunidad”, sectores de derecha argumentan que es imposible
pensar en amnistías, como la que recibió el M19 y que a la postre ha permitido
que cuadros de esa colectividad hoy ostenten grandes cargos en el Estado, o en
penas alterativas como las planteadas en La Habana mientras Plazas Vegas es
condenado a treinta años de prisión. Y sectores de izquierda, en consonancia
con las organizaciones de víctimas, ven con benevolencia los arreglos pactados
con las guerrillas pero no les cabe en la cabeza imaginar que los militares
reciban un tratamiento similar. Para ellos, militares y paramilitares deben
pudrirse en las cárceles.
Los crímenes y hechos de guerras, llámese desapariciones del
Palacio de Justicia o llámese masacre de Bojayá, perpetrados por guerrilleros o
por militares, son el producto de una guerra irregular que requiere una aproximación desmarcada de maniqueísmos
y dualidades y una fórmula de justicia que reconozca el carácter gaseoso del
bien y del mal. En la zona de guerra, en la vereda, en el monte, se desdibujan
las fronteras morales y el malo es bueno y el bueno es malo. El ejercicio de
las armas, en espacios de ausencia de jerarquías de mando, toma una dinámica
propia, muchas veces perversa que estimula el delito y los errores; que elimina la
“legitimidad”, la “defensa legitima” o cualquier otro atributo.
En tal sentido, flaco favor le hacen a la paz las condenas
tan dispares entre los actores armados del conflicto. Los militares en Colombia,
como actores armados del conflicto, inmersos en violaciones a los derechos
humanos, son claves no solo en el escenario de posacuerdo que se aproxima, sino
que son absolutamente indispensables para la reconciliación nacional y para la construcción
del nuevo país que implica la prometida paz territorial. El acuerdo sobre
jurisdicción especial para la paz anunciado el 23 de septiembre es un avance
gigante, pero mientras Plazas Vega y muchos otros militares reciban condenas de
treinta años y los grupos guerrilleros que combatieron reciban amnistías y
penas alternativas, la sostenibilidad de la paz se verá amenazada.
Álvaro Acosta Maldonado
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