La nación corrupta

La nación corrupta

Ahora que el proceso de paz con el ELN parece que va bien y que el proceso con las Farc, a pesar de los miles de problemas, sigue su curso, el país va entrando en una etapa interesante de autorreflexión sobre temas que otrora eran imposible de posicionar en la agenda pública. Soldados y guerrilleros muertos, secuestros y extorciones, oleoductos y torres de energía destrozados, comunicados grandilocuentes de guerrilleros justificando sus acciones, declaraciones de políticos y funcionarios indolentes, entre otros tópicos, eran el común denominador de las noticias en Colombia. Y ahora no es que sea tan distinto: la diversidad de fuerzas que desde la clandestinidad se oponen a la paz hacen casi que imposible pasar del todo la página, pero, en todo caso, resulta imposible negar los beneficios de los procesos de paz con las guerrillas.

Y esta etapa de posacuerdo y de consolidación de la paz, que cándidamente he llamado de “autorreflexión”, ha permitido no solo vislumbrar temas tan importantes como la corrupción, sino que ha puesto sobre la mesa la imperante necesidad de repensar las respuestas que históricamente hemos fabricado para explicar la violencia política en el país.  Sobre este aspecto me quiero referir.

Luego del silencio de gran parte de los fusiles emana la corrupción como asunto que antes estuvo siempre presente pero latente.  Ahora, posicionada por los escándalos de Odebrech, Reficar y el más reciente que implica a nadie menos que al propio fiscal anticorrupción, la corrupción se constituye en el eje en donde oscilan campañas presidenciales como la de la senadora Claudia López. Tanto López, como representantes de la izquierda como Petro y Robledo, han planteado tesis interesantes que no sólo describen sino además explican la naturaleza de las prácticas corruptas. Tales explicaciones permiten ver quiénes son los responsables, cómo es el modus operandis y cuanta plata se roban en cada escándalo.

La senadora López siempre expone cómo se gana, con corrupción, la presidencia de Colombia y cómo ella, desde esta misma instancia, pretende “domesticar a la clase política”. Robledo es experto en develar quien fue el que se robó el dinero y quien lo ayudó y qué fiscal lo está encubriendo y Petro, tal vez el más sesudo, cuenta con una experiencia importante destapando escándalos de corrupción con la que ha logrado una aproximación sobre la expresión de la corrupción en el marco de las alianzas que se tejen entre las diferentes elites políticas del país. Ahora, podemos detenernos a dar cuenta de la corrupción en sus diversas manifestaciones; sin embargo, cuesta hacer un ejercicio de abstracción para ubicar el fenómeno de marras en el escenario del sistema político y, por qué no, en el espectro del Estado-nación.

Me explico: la corrupción, en esencia, es una relación de intermediación, es clientelismo puro y duro, pero ilegal. Llevamos en el país décadas explicando tales relaciones, pero no hemos abordado mucho la pregunta de ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del sostenimiento de la corrupción? O, en otras palabras, ¿Por qué existe tal facilidad para apropiarse de los recursos públicos? La respuesta fácil e históricamente dominante es que el asunto es de principios y valores; que hay una importante carencia y flexibilidad de moralidad y ética pública que facilita que un alcalde municipal sin mayores problemas se apropie, en el mejor de los casos, del 10% de cada contrato que firma. Muchos otros responden que es la captura del Estado y su instrumentalización como empresa la que explica la constante succión de recursos por parte de particulares.

La corrupción, así como la violencia, se comprende mejor si subimos un poco en la escala de abstracción y entendemos que, en tanto clientelismo, las prácticas corruptas responden a una forma particular de interacción entre Estado y sociedad; y que es propia de la formación del Estado-nación colombiano. En el centro del país ha habido más Estado que Nación, en las regiones intermedias más clientelismo que Estado y en la periferia del país más poderes de facto que nación y Estado. Así las cosas, ese sentimiento colectivo, eso que nos une a todos como miembros de un mismo país, esos símbolos patrios, han sido casi que inexistentes; y en su lugar operan referentes locales y regionales que nada tienen que ver con la vida nacional.

Dada esta fragmentación, que no solo es sociopolítica, sino histórico-cultural (porque más allá de los deportistas y de algunos buenos esfuerzos de Carlos Vives, nada conecta a un colombiano del pacífico con otro de los llanos) la identidad nacional es, a lo sumo, una quimera terrenal sin sustento material. En consecuencia, no hay posibilidad de contrarrestar la corrupción en el país cuando sigamos concibiendo al Estado como como algo alejado a un “nosotros”, como algo ajeno, que no nos pertenece. Mientras sea inexistente una comunidad imaginada que, atada a unas instituciones estatales, defina los derroteros de futuro del país, el clientelismo corrupto seguirá siendo la polea de transmisión entre Estado y sociedad.

Explicar, en ese sentido, el saqueo sistemático de los recursos públicos pasa no solo por develar a los responsables, como ya parece que se está haciendo, por ejemplo, en el departamento de Córdoba y que para esto López y Robledo son excelentes investigadores. Pero más allá, conviene revisar cómo se integró este departamento a la vida nacional, cómo el Estado allí no es más que la expresión política de una cultura parroquial que nada tiene que ver con la nación soñada de Bolívar y cómo, dado lo anterior, la ausencia de nación genera la indolencia del que se roba el dinero de los niños con síndrome de down.