Luego de más de dos años de diálogos, el país
aún no comprende que la paz que se está negociando en La Habana es precisamente
eso: una negociación de intereses cuyos implicados buscarán ceder lo menos
posible y obtener los mayores réditos que puedan arrebatarle a la contraparte.
No es, en absoluto, una rendición por parte de las Farc ni un proceso
voluntario de dejación de armas, pues el Estado en más de cincuenta años las
viene combatiendo militarmente y, salvo en el gobierno de Uribe donde se les
propinaron grandes golpes militares, la guerra solo ha dejado una estela
mayúscula de muertos, víctimas y desesperanza colectiva.
Y uno de los puntos más críticos del proceso
de paz, planteado como negociación, tiene que ver con la forma por medio de la
cual los guerrilleros desmovilizados, responsables de diversos tipos de
crímenes, se someterán a la justicia. Excluyendo al procurador Ordoñez y a los uribistas
obsesionados con la cárcel, existen al menos dos tendencias al respecto: por un
lado los que están de acuerdo con la aplicación de una justicia de transición
que garantice el fin de la confrontación, la verdad y la reparación a las
víctimas a cambio de rebajas en las condenas, penas alternativas, participación
política y lugares de reclusión diferentes a las cárceles tradicionales. Y por
otro lado, estamos los que consideramos que un conflicto como el nuestro, tan
irregular, requiere medidas igualmente irregulares que se desmarquen de la
receta internacional y de los tratados de resolución de conflictos en abstracto.
El primer grupo, por supuesto, es el más
numeroso. Lo componen los miembros de la delegación del gobierno, académicos y
columnistas de la talla de María Jimena Duzán y Rodrigo Uprimi; quienes desde
sus prestigiosas plataformas de divulgación (Revista Semana, El Espectador)
respaldan las palabras de personajes tan relevantes para ellos como Kofi Annan
o de José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, quien espetó que en La Habana
se está llevando a cabo una piñata de impunidad. Todos apegados a los tratados
internacionales, todos detractores de la propuesta del expresidente Gaviria; temerosos de las amenazas tanto de la derecha
reaccionaria como de las decenas de Ongs que, a nombre de las víctimas, consideran
que reparar es meter a la cárcel a raimundo y todo el mundo. Se trata de una
posición políticamente correcta, donde las concesiones que el gobierno le haga
a las Farc no alterarán el ordenamiento jurídico interno y se buscará
establecer la verdad de los hechos y la reparación de las víctimas.
Sería lo ideal, evidentemente. Pero esta
postura desconoce que las Farc han dicho que no pagarán un día de cárcel así les
propongan penas de cinco años en cabañas turísticas; que repletar las cárceles
con miles de hombres y mujeres venidos del monte es exacerbar la crisis
penitenciaria que de por sí ya es catastrófica; que es posible se presenten
disidencias al interior de las filas de la guerrilla, que la verdad y la
reparación tal y como están planteadas actualmente son claramente una utopía
(ningún país ha intentado siquiera reparara a seis millones de víctimas) y que
por tanto firmar la paz bajo estas condiciones no garantizará el final para
siempre de la confrontación armada.
Del segundo grupo se destaca la figura del
fiscal general Eduardo Montealegre. Citando al filósofo Michel Foucault,
Montealegre ha expuesto en diversos escenarios la necesidad imperiosa de pensar
y diseñar un modelo de justicia transicional que responda a las características
del conflicto colombiano a través del cual las penas que deban purgar los guerrilleros
recaigan únicamente sobre los comandantes y no sobre todos los combatientes.
Además, plantea que la privación de la libertad no es el único camino de
conseguir justicia y que, en consecuencia, los guerrilleros pueden cumplir
condenas realizando trabajos sociales que contribuyan al mejoramiento y
desarrollo de las zonas que otrora fueron escenarios de violencia. Se trata
pues, de una invitación a imaginarnos un posconflicto sustentable, consiente de
la realidad política y económica del país pero sobre todo despojado de
prejuicios decimonónicos.
Esta propuesta es, diáfanamente, impopular y
algunos les parecerá irrespetuosa con las víctimas; esas que siempre manosean
cada vez que algunos sectores de la sociedad desean justificar el fetiche de la
cárcel. Que los guerrilleros no paguen cárcel es no solo una medida pragmática que
debemos vislumbrar, sino también debe constituirse en una estrategia más de un conjunto
de acciones encaminadas a la terminación de la confrontación armada, a la paz
territorial, pero sobre todo, a un gran pacto de perdón y de reconciliación
nacional.
Publicada el: 19/03/2015 en: http://www.seguimiento.co/
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