La discusión vetusta sobre la necesidad de transitar a un régimen
político federalista en Colombia cada tanto se reactiva. Esta vez la impulsó el
saliente presidente del senado Lidio García y la continuó Carlos Caicedo,
gobernador del Magdalena, quien criticó que los recursos púbicos siguen
centralizados pero los problemas sociales siempre han estado regionalizados. Al
día siguiente los medios promovieron el debate y salieron a la luz, cual libreto
de obra de teatro, las mismas posiciones antiguas a favor y en contra de
federalizar el país. Las razones a favor son variadas y bien sustentadas, responden
casi que al sentido común; las razones en contra, por su parte, tienen que ver
con un habito de pensamiento enquistado en lo más profundo de nuestra experiencia
colonial y adobadas con una mentalidad clasista que se expresa en la histórica
jerarquización que ha caracterizado la relación entre el centro de la vida
nacional y las regiones.
El siglo XIX es tal vez el periodo histórico más importante
para comprender estos hábitos de pensamiento. Veamos.
Desde antes de la independencia, las tensiones entre las
regiones del nuevo reino eran permanente. Más allá de las disputas políticas y
comerciales entre Santa Fe y Cartagena, al interior de una misma región se
desarrollaban escamaruzas entre pequeños poblados; un ejemplo de esto fueron
las rencillas entre Cartagena y Mompox y entre Socorro y Girón. Tales tensiones
no significaron mayor impacto en la vida de los pobladores de la Nueva Granada
hasta que, entre 1810 y 1811, se avanza en la independencia y, concomitante a
la de Santa Fe, se declaran independientes una decena de provincias más
(Cartagena, Cali, Pamplona, Socorro, Tunja, Neiva, Quibdó, Mariquita y las
cuatro provincias de Antioquia). Todas argumentaron ser fieles al rey de España
y autogobernarse soberanamente hasta que los peninsulares se organizaran y
retomaran el poder. Las iniciativas para
consolidar un solo Estado fueron un rotundo fracaso: Bogotá, gobernada por
Antonio Nariño, quería un gobierno centralizado y las Provincias Unida un gobierno
federado.
El argumento a favor era preciso: la vida colonial nunca fue
integrada, ora por los accidentes geográficos, ora por las diferencias
culturales, ora porque no existían lazos comerciales y/o redes de interconexión.
En cualquier caso, la Nueva Granada fue más una jurisdicción político-administrativa
que una patria integradora y, así las cosas, plantear un Estado centralizado
era tanto inviable como contraevidente. Pero Bogotá no iba a aceptar ser
una provincia más en una confederación de Estados en donde la mayoría eran infinitamente
menos poderosos, sin tradición aristocrática, sin mayor formación académica y,
sobre todo, sin experiencia para gobernar, como sí tenía la capital.
Este periodo, mal llamado “La Patria Boba”, ni fue patria ni mucho menos
fue boba: por más que las razones era contundente, siempre se observó con
suspicacia la demanda de autonomía de las provincias y, en consecuencia, sendas
guerras se desarrollaron entre el Estado Soberano de Cundinamarca y sus provincias
aliadas contra regiones como Popayán y Pasto, que cesaron brevemente con la llegada
del reconquistador Pablo Morillo.
Una vez expulsados los españoles en la segunda década del
siglo XIX, Bolívar es ungido como primer presidente e impone, en la constitución
de Cúcuta, un modelo centralizado y plantea que la administración del
poder de ninguna manera debe pasar por la autonomía de las regiones, pues para
el libertador el pueblo, y particularmente los provincianos, eran incultos,
manipulables, ignorantes y por tanto presa fácil de engañar. Aunque
hubo tensiones, se aceptó el argumento básicamente porque se necesitaba administrar
la guerra, pues todavía existían ejércitos españoles en Cartagena y en el sur y
un gobierno centralizado facilitaba esta labor. Pero unos años después, en 1826,
luego de que Bolívar regresa de liberar Ecuador, Perú y Bolivia, en cuyos
países impuso constituciones centralistas en las que combinaba dictadura con aristocracia,
se enfrenta a la rebelión de las regiones: José Hilario López y José María
Obando en Popayán y José María Córdoba en Antioquia, cuestionando el poder
central y demandando autonomía regional.
La siguiente constitución, la de1831, si bien otorga algunas prerrogativas
a las regiones, mantiene el modelo centralizado de Nariño y Bolívar. Y de nuevo
la guerra: de 1839 a 1841 se sucede una de las guerras más cruentas del siglo
XIX; la Guerra de los Supremos, liderada por generales de la independencia representante
de las regiones que, profundamente molestos con el gobierno central, exigían federalismo
y reformas liberales. La guerra militar la ganó el gobierno, pero en la guerra
ideológica trinufó el federalismo, que empezó a ganar terreno cuando subió a la
presidencia Tomas Cipriano de Mosquera, un general bolivariano y que tiempo después
se vuelve el líder de lo que hoy se conoce como el progresismo modernista.
Con Mosquera se crea la constitución del 53 que plantea
autonomía a las regiones y le resta poder al presidente. Estas ideas se
refuerzan con la constitución del 58 y se ratifica con la del 63, en la que se
crean los Estados Unidos de Colombia: una unión de provincias, convertidas en
Estados, totalmente autónomas que delegaban al gobierno federal solo algunas
funciones específicas y que prometían desarrollo regional. Pero tal desarrollo
no llegó, pues la conformación de los partidos políticos, las tensiones
entre provincias y su inestabilidad interna, los fraudes electorales, la ambivalencia
del poder federal, pero sobre todo la oposición conservadora que se atravesó a
todo intento de modernización del Estado generaron un entorno propicio para que la
constitución del 63 fuera reemplazada por la de 1886, una constitución
centralista, autoritaria y absolutamente conservadora que restituye el poder de
la iglesia y que impone un modelo tradicional de sociedad.
El resto de la historia ya se la saben. Pero, en resumen,
las demandas federalistas y de modernización de las regiones siempre se vieron,
desde Bolívar hasta Núñez, como un intento de insurrección injustificado,
como una actitud igualada por parte de gente de menos valía, de por allá lejos,
de provincianos caudillos y hambrientos de poder, de gente ignorante que no
sabe votar, presas de cualquier idea seductora y que adolecen de los abolengos
capitalinos. Y la experiencia de la república federal se los confirman
en tanto todos estos pecados se exacerbaron y convirtieron al país, desde la
narración histórica hegemónica, en una gran rochela degenerada. De ahí la
propuesta de la “regeneración”. En adelante, este habito de pensamiento se
reforzó con la idea de que el federalismo es corrupción y que centralismo es transparencia.;
un régimen discursivo que emana desde el centro y que tiene como efecto de verdad
la imposibilidad de imaginar, aún en el presente, un modelo de gobierno regional
verdaderamente autónomo.
La república federal del siglo XIX tuvo miles de problemas,
pero estableció las bases para un sistema político ideal que las fuerzas de la
reacción impidieron germinar. Como consecuencia del centralismo tenemos en el
presente una estela permanente de guerras, conflictos internos, incapacidad
institucional, pobreza regional y, sobre todo, corrupción. Pecados que le endilgaban
al federalismo de antaño. Hoy, más que nunca, y con más de cien años de ineficiente y mezquino centralismo, necesitamos superar la talanquera mental que nos impide proyectar un país pluriregional y plurinacional.
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